Desafueros en Chiapas: Alcaldesa y seis funcionarios enfrentan cargos por extorsión
Desafueran a alcaldesa Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada
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La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha solicitado el desafuero de la alcaldesa de Jiquipilas, Yaneth Chiu, y ha emitido órdenes de aprehensión contra ella y otros seis funcionarios de Ocozocoautla por extorsión agravada. Se les acusa de exigir dinero a cambio de permisos para operar empresas y realizar obras públicas.
- 01La alcaldesa Yaneth Chiu de Jiquipilas enfrenta cargos de extorsión agravada por exigir 1 millón de pesos a un empresario.
- 02Se ha solicitado una orden de aprehensión contra la directora de obras públicas, Guadalupe López Molina, quien no contaba con fuero.
- 03Los seis funcionarios de Ocozocoautla, incluyendo a la síndico municipal y regidores, son acusados de extorsionar a la presidenta municipal Nidia Alejandra de los Santos.
- 04El Congreso del Estado de Chiapas retiró el fuero a los implicados, permitiendo que la Fiscalía proceda penalmente.
- 05Las acusaciones contrastan con la misión del ayuntamiento de Jiquipilas de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
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La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha tomado medidas contra la corrupción en los municipios de Jiquipilas y Ocozocoautla, solicitando el desafuero de la alcaldesa Yaneth Chiu y de seis funcionarios de Ocozocoautla, quienes enfrentan acusaciones de extorsión agravada. Según el fiscal general, Jorge Luis Llavén Abarca, Chiu y la directora de obras públicas, Guadalupe López Molina, exigieron 1 millón de pesos a un empresario como condición para permitirle establecer una empresa en Jiquipilas. La alcaldesa, quien ahora enfrenta un proceso penal, ha visto cómo el Congreso del Estado ha retirado su fuero, permitiendo que la Fiscalía actúe. En Ocozocoautla, los seis funcionarios, entre ellos la síndico municipal y regidores, son investigados por extorsionar a la presidenta municipal, Nidia Alejandra de los Santos, al exigir dinero para autorizar obras públicas. Estos casos resaltan un contraste significativo con los objetivos de desarrollo establecidos por los ayuntamientos, que buscan mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.
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La situación puede generar un cambio en la percepción pública sobre la corrupción en la administración local y podría afectar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
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