El Ayuntamiento de Madrid enfrenta un nuevo desafío legal tras la decisión del Tribunal Supremo de España de inadmitir un recurso relacionado con las multas impuestas en las zonas de bajas emisiones. Esta decisión ratifica la anulación de parte de la ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, que regulaba la circulación de vehículos contaminantes en el distrito Centro y Plaza Elíptica. Asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados han comenzado a tramitar recursos para que se anulen las multas impuestas entre septiembre de 2021 y el 6 de abril de 2024, cuando entró en vigor la nueva normativa. Según sus estimaciones, se abrieron casi 3.5 millones de expedientes, lo que representa un total de más de 650 millones de euros en sanciones. La nueva normativa, aprobada gracias a la mayoría del Partido Popular, incluye cambios significativos, como permitir que los coches de residentes sin etiqueta circulen si cumplen con los límites europeos de contaminación. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había destacado la falta de un informe de impacto económico adecuado, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de las sanciones previas.