El Congreso de España ha aprobado la consideración de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca acelerar los desarrollos urbanísticos, pero también incluye medidas que reducen la protección de las familias vulnerables en procedimientos de desahucio. La ley, que ha sido apoyada por Vox, Junts y UPN, propone reducir el umbral de ingresos mensuales para ser considerado vulnerable de 1.800 euros a 900 euros, lo que limitaría el acceso a medidas de protección. Además, se plantea acortar los plazos para que las Administraciones encuentren viviendas alternativas para las familias desahuciadas y eliminar el derecho de prórroga de contrato de alquiler para inquilinos en situación de vulnerabilidad. Durante el debate, la diputada del PP, Soledad Cruz-Guzmán, defendió que estas medidas son necesarias para revitalizar el mercado de alquiler, argumentando que el control de precios no ha funcionado. Sin embargo, la oposición ha criticado la propuesta, advirtiendo que podría llevar a una nueva burbuja inmobiliaria y desproteger a los más necesitados. La ley aún debe pasar por un proceso legislativo extenso antes de su posible aplicación.