En 2025, el Estado español recaudó 2.300 millones de euros adicionales debido a la decisión de no actualizar los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) conforme a la inflación. Este ingreso representa el 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que ayuda al Gobierno a cumplir con los objetivos de la reforma fiscal acordada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. Según el informe enviado a Bruselas, la recaudación se distribuyó entre la Administración Central y las comunidades autónomas, con 1.137 millones para el Estado y 1.157 millones para las comunidades. La falta de deflactación se traduce en un aumento de la tributación sin que los contribuyentes perciban completamente el incremento de su poder adquisitivo. Además, se estima que un contribuyente medio ha pagado 800 euros de más entre 2022 y 2025 por esta medida. A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que su sistema fiscal beneficia a las clases medias y trabajadoras, argumentando que ha implementado otras rebajas fiscales que alivian la carga impositiva.