Preocupaciones sobre la nueva ley de lobby en Argentina y su impacto en organizaciones civiles
Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado
La Nacion
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La reciente propuesta del Gobierno argentino para regular el lobby ha generado inquietud entre organizaciones civiles que promueven la transparencia. Estas organizaciones advierten que la ley podría perjudicar su labor al no distinguir entre intereses particulares y causas de interés público, lo que podría llevar a una mayor regulación y sanciones.
- 01La propuesta de ley, denominada 'Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses', busca regular el lobby en Argentina.
- 02Organizaciones como Poder Ciudadano y la Red Argentina para la Cooperación Internacional advierten que la ley podría afectar su capacidad de incidencia.
- 03La definición de 'gestión de intereses' es considerada demasiado amplia, abarcando actividades que normalmente realizan las ONGs.
- 04El proyecto incluye sanciones penales, lo que ha generado críticas sobre su severidad y su impacto en la sociedad civil.
- 05La iniciativa comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados, lo que podría llevar a cambios significativos en la regulación del lobby.
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El Gobierno argentino ha presentado un proyecto de ley para regular el lobby, lo que ha suscitado preocupaciones entre diversas organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones, que trabajan en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, temen que la ley no distinga adecuadamente entre los intereses comerciales y las causas de interés público. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señala que la definición de 'gestión de intereses' es demasiado amplia, lo que podría incluir actividades cotidianas de incidencia ciudadana. La Red Argentina para la Cooperación Internacional también ha expresado su preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de estigmatización y sobrecarga administrativa. La propuesta, que será discutida en la Cámara de Diputados, establece la creación de registros públicos para quienes realicen actividades de lobby y propone sanciones que van desde multas hasta penas de prisión. La severidad de estas sanciones ha sido criticada, especialmente en un contexto donde la desregulación ha sido una bandera del gobierno actual.
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La ley podría restringir la capacidad de las organizaciones civiles para influir en políticas públicas, afectando su labor en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
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