Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), ha expresado su fuerte oposición al nuevo registro horario que el Ministerio de Trabajo de España está proponiendo. Según De Miguel, esta política pública representa un intento claro de destruir microempresas, especialmente en las áreas rurales que más necesitan protección. La falta de cobertura en ciertas zonas plantea preguntas sobre cómo se aplicará la medida, que se espera sea digital y no manipulable. De Miguel cuestiona qué sucederá con las empresas que no cuentan con conexión a internet, sugiriendo que podrían ser sancionadas. A pesar de las preocupaciones expresadas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está decidida a avanzar con el decreto, que busca combatir el fraude relacionado con horas extraordinarias no remuneradas, que superan los 2,5 millones semanalmente. Sin embargo, la presidenta de Cepyme advierte que muchas microempresas no están digitalizadas y que la inversión necesaria podría consumir sus beneficios, lo que pone en riesgo su viabilidad.