El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el proceso judicial para desalojar a las aproximadamente 80 personas que aún ocupan la antigua prisión, tras concluir el plazo de abandono voluntario. La junta de gobierno ha aprobado solicitar la autorización judicial necesaria para llevar a cabo el desalojo forzoso. Inicialmente, se identificaron 206 okupas en el recinto, y tras notificaciones y un análisis de alegaciones, se abrió un nuevo plazo de cinco días para el abandono voluntario. La decisión de proceder con el desalojo se fundamenta en informes técnicos que advierten sobre un grave riesgo de incendio y la seguridad de los ocupantes y servicios de emergencia. La portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha destacado que los servicios sociales han estado en contacto constante con los okupas, brindando información y acceso a recursos, resultando en la derivación de 45 personas a programas de acogida y reinserción social del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).