Implican a diputados de ERC por contratos fraudulentos en Altafulla
El juez imputa a un diputado de ERC por el uso "fraudulento" de contratos a dedo en el Ayuntamiento de Altafulla
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha imputado al diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV, Joan Herrera, por el uso fraudulento de contratos menores en el Ayuntamiento de Altafulla, donde se investiga un posible concierto para adjudicar contratos sin licitación pública.
- 01El TSJC ha abierto una causa por prevaricación contra Joan Ignasi Elena y Joan Herrera.
- 02Se investiga el uso fraudulento de contratos menores adjudicados al despacho compartido por ambos políticos.
- 03El caso fue derivado por el juzgado de El Vendrell al TSJC tras la intervención de la Fiscalía.
- 04Los magistrados mencionan un posible 'concierto' entre los imputados para violar principios de contratación pública.
- 05El exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, también está implicado en el caso, derivado al Tribunal Supremo.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha iniciado una causa por prevaricación contra el diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y el exlíder de ICV, Joan Herrera, por el uso presuntamente fraudulento de contratos menores en el Ayuntamiento de Altafulla, Tarragona. Según el TSJC, se investiga un posible 'concierto' entre los imputados para adjudicar contratos a su despacho sin seguir el procedimiento de licitación pública. La causa fue derivada por el juzgado de El Vendrell, que ya había enviado al Tribunal Supremo el caso del exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns. La Fiscalía apoyó la apertura de la causa, señalando que los investigados podrían haber actuado en su propio interés, violentando las reglas de la contratación pública. Se alega que Elena y Herrera, como administradores de la empresa Sinergia E.D.M., recibieron contratos de asesoramiento sin la debida publicidad ni los informes necesarios, lo que podría constituir un abuso de poder en el manejo de recursos públicos.
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La imputación de estos políticos podría afectar la confianza pública en la gestión del Ayuntamiento de Altafulla y en la transparencia de la contratación pública en Cataluña.
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