La cuarta marcha universitaria en Argentina, que tuvo lugar en la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires, reunió a más de 600,000 manifestantes, según la Universidad de Buenos Aires (UBA), y se replicó en ciudades como Córdoba, La Plata y Mendoza. La movilización fue impulsada por docentes, estudiantes y sindicatos que exigen al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la ley de financiamiento para universidades públicas. Los recortes presupuestarios han llevado a una caída del 45.6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026, afectando directamente la calidad de la educación y los salarios de los docentes. La administración ultraderechista ha sido criticada por desatender la Ley de Financiamiento 27.795, que fue aprobada por el Congreso y luego vetada por Milei. Los manifestantes sostienen que la educación pública es un derecho fundamental y un pilar para el futuro del país. La marcha también evidenció la preocupación por la pérdida de calidad educativa y la falta de recursos, lo que podría tener consecuencias graves para el desarrollo del país.