Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno español y el Congreso, que cuenta con una mayoría progresista, han bloqueado iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría de derecha del Senado. Este enfrentamiento ha generado una serie de conflictos institucionales que actualmente están en manos del Tribunal Constitucional. El último veto, relacionado con la ley de Multirreincidencia, ha desatado tensiones, ya que el Gobierno argumenta que ciertas enmiendas suponen un coste presupuestario, mientras que el Senado sostiene que no hay un impacto financiero inmediato. La enmienda número 8, que propone la creación de nuevas plazas de fiscales, ha sido objeto de controversia, con el Gobierno estimando un coste de 53.790.400,2 euros, aunque el Senado considera que el cálculo es especulativo. Asimismo, la enmienda número 10, que busca reforzar la seguridad en la concesión de permisos de residencia, también ha sido vetada por un coste estimado de 16.786.800 euros. Este conflicto refleja la creciente polarización política en España, especialmente tras la pérdida de Junts como socio del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha permitido a la derecha consolidar una mayoría en el Congreso.