El debate sobre las reducciones de penas por confesiones en casos de corrupción ha resurgido en España, centrándose en el caso de Víctor de Aldama, quien se enfrenta a una petición de pena de siete años de prisión. En contraste, Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, recibió una reducción del 75% en su condena tras confesar y colaborar con la justicia, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar una atenuante muy cualificada. En el juicio de Correa, se reveló que había admitido haber pagado sobornos por casi 800,000 euros al alcalde de Boadilla del Monte. La Audiencia Nacional aceptó la colaboración de Correa como fundamental para recuperar fondos ilícitos. Sin embargo, la Fiscalía, bajo la dirección de Alejandro Luzón, no aplicó la misma consideración a Aldama, quien es visto como el “nexo corruptor” en el caso. La situación destaca las diferencias en el tratamiento de los arrepentidos en el sistema judicial español y plantea interrogantes sobre la equidad en la aplicación de la ley. Además, el Partido Popular fue condenado a devolver 204,198.64 euros por los beneficios obtenidos de la trama Gürtel, una decisión confirmada por el Tribunal Supremo en 2023.