Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, defendió en el Tribunal Supremo la legalidad de los contratos de mascarillas que están bajo investigación, calificándolos de 'impecables'. Turiel enfatizó que no hay evidencia de los supuestos pagos mensuales de 10,000 euros del empresario Víctor de Aldama al ministro y su asesor. Según él, el proceso ha estado marcado por una connotación política, especialmente tras la denuncia del Partido Popular (PP) de Madrid. En su argumentación, Turiel criticó la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sugiriendo que se ha privado a la defensa de acceder a pruebas clave. Por su parte, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, también cuestionó los informes de la UCO y defendió la inocencia de su cliente, argumentando que no hay indicios de su participación en una organización criminal. La abogada destacó las contradicciones en las declaraciones de Aldama, quien se benefició de los contratos bajo sospecha. La situación se complica con la posibilidad de que Aldama obtenga una atenuante por su colaboración con la justicia, lo que podría permitirle evitar la prisión.