Desde el inicio de la regularización extraordinaria en España el 16 de abril de 2026, miles de colombianos en Cataluña han enfrentado complicaciones para obtener certificados de antecedentes penales necesarios para regularizar su estatus. Con más de 100,000 colombianos en la región, el proceso se ha visto obstaculizado por problemas técnicos en el sistema telemático de Colombia, lo que ha llevado a largas colas en el Consulado de Colombia en Barcelona. Guillermo J. Valderrábano, CEO de ExtranjeriaClara.com, señala que la saturación de plataformas ha paralizado la emisión de documentos, convirtiendo la obtención de certificados en un verdadero calvario administrativo. Además, la eliminación de la 'declaración responsable' ha incrementado la carga burocrática, ya que ahora se requiere una verificación más exhaustiva. La situación es aún más complicada para aquellos de países que no han ratificado el Convenio de La Haya, lo que extiende los tiempos de espera. Este caos administrativo ha llevado a que muchos recurran a asesorías, con un costo promedio de entre 600 y 700 euros por persona, mientras que el mercado negro se aprovecha de la situación, exigiendo hasta 100 euros por reservar una cita previa.