Cuestionan la constitucionalidad de la 'prioridad nacional' en negociaciones políticas en Valencia
El presidente de la patronal valenciana cuestiona la “constitucionalidad” de la ‘prioridad nacional’ exigida por Vox al PP
El Pais
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Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, ha cuestionado la 'prioridad nacional' exigida por Vox al Partido Popular en las negociaciones autonómicas. Lafuente aboga por el diálogo y la aprobación de los presupuestos, mientras critica la falta de coordinación en la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales.
- 01Vicente Lafuente cuestiona la constitucionalidad de la 'prioridad nacional' exigida por Vox.
- 02Lafuente enfatiza la necesidad de diálogo y respeto en la política valenciana.
- 03Critica la falta de coordinación en la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales.
- 04Apoya la regularización de migrantes como una necesidad laboral.
- 05Lamenta que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se discuta en diálogo social.
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Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha expresado su preocupación sobre la 'prioridad nacional' que Vox exige al Partido Popular (PP) en las negociaciones para los presupuestos autonómicos. En un desayuno informativo en Valencia, Lafuente señaló que esta propuesta tiene una 'dudosa constitucionalidad' y abogó por un enfoque más respetuoso hacia todas las personas involucradas. Afirmó que es crucial recuperar el diálogo y que los presupuestos se aprueben sin vetos. Además, Lafuente destacó la importancia de regularizar a los migrantes para cubrir la demanda laboral y criticó la falta de coordinación en la recuperación de áreas afectadas por desastres naturales, sugiriendo que se priorice un proyecto industrial innovador. Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, criticó la falta de diálogo social en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, comparando la situación actual con prácticas del pasado.
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La discusión sobre la 'prioridad nacional' y la regularización de migrantes podría afectar la política laboral y social en la Comunitat Valenciana, impactando a empresarios y trabajadores.
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