La Ley 8/2021 ha eliminado la figura de la 'incapacitación judicial', modificando el tratamiento fiscal de las personas con discapacidad en España. A partir de 2025, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de exenciones fiscales en sus patrimonios protegidos, con límites anuales establecidos para las aportaciones y rendimientos del trabajo.

• 01La incapacitación judicial ha sido eliminada, afectando la gestión del patrimonio de personas con discapacidad.
• 02Las personas con discapacidad pueden recibir aportaciones exentas de impuestos hasta un límite de 25.200 euros anuales.
• 03Las aportaciones de familiares pueden reducir la base imponible hasta 10.000 euros por aportante.
• 04Los bienes aportados deben mantenerse sin disposición durante cinco años para evitar sanciones fiscales.
• 05La Ley 13/2023 garantiza equidad territorial en las exenciones fiscales para patrimonios protegidos.

Las nuevas regulaciones ofrecen un alivio fiscal significativo para personas con discapacidad y sus familias, facilitando la gestión de su patrimonio.