El Gobierno de Argentina abrirá el recinto de Diputados el próximo miércoles para avanzar en la aprobación de una reforma a la ley de glaciares, que tiene como objetivo reducir las áreas protegidas y permitir nuevas inversiones mineras. Esta iniciativa se presenta en un contexto de creciente incertidumbre política y judicial, especialmente en relación con el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su vinculación con el caso de la criptomoneda $LIBRA, que está bajo investigación judicial por presunta estafa. La oposición se prepara para incomodar al oficialismo, buscando interpelar a Adorni, lo que podría complicar aún más la situación del Gobierno. Según un sondeo, el oficialismo podría contar con más de 130 votos a favor de la reforma, apoyado por aliados de diversas provincias con potencial minero. Sin embargo, organizaciones socioambientales han anunciado su intención de impugnar la reforma en la Justicia, argumentando que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” para la protección ambiental establecido por la Constitución Nacional. La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, también transferiría a las provincias la responsabilidad de actualizar el inventario glaciar, lo que podría debilitar el sistema de protección ambiental.