La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha autorizado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar cuentas bancarias sospechosas de estar involucradas en actividades ilícitas, sin necesidad de una orden judicial previa. Esta decisión, presentada por la ministra Loretta Ortiz, se considera una medida cautelar administrativa y no una sanción penal, lo que permite a la UIF actuar de manera más rápida y eficiente en la prevención del lavado de dinero, alineándose con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A partir de esta resolución, las personas cuyos fondos sean congelados tendrán derecho a una audiencia ante la UIF para impugnar la legalidad del bloqueo y podrán acudir a la justicia para solicitar la revocación del congelamiento. Sin embargo, algunos ministros, como Giovanni Figueroa, advirtieron que esta medida podría vulnerar el derecho a la propiedad, al limitar indefinidamente el acceso a los recursos en las cuentas afectadas.