Julio Iglesias ha tomado medidas legales en respuesta a las acusaciones de dos ex empleadas domésticas que lo denunciaron por delitos de trata de seres humanos con fines sexuales y explotación laboral. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso el 23 de enero debido a la falta de jurisdicción, ya que los supuestos delitos habrían ocurrido en la República Dominicana y Bahamas. El fiscal jefe, Jesús Alonso, aclaró que Iglesias “no ha tenido ni siquiera la condición procesal de sospechoso” en las diligencias, lo que fue un argumento clave para negar el acceso a la denuncia. La defensa de Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, presentó un recurso contencioso-administrativo el 2 de marzo, argumentando que la negativa de la Fiscalía vulnera su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. El Juzgado ha admitido el recurso, lo que permite que el caso sea tratado con prioridad y refuerza la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que nunca se presentó formalmente. La polémica sobre su reputación y los efectos mediáticos de la denuncia siguen siendo temas de debate, mientras el cantante defiende su derecho a la información y a la protección contra daños injustificados.