La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha detectado y clausurado una mina ilegal en el ejido Arroyo del Hacho, en el municipio de Guanaceví, Durango. Durante las inspecciones, se constató que la mina operaba sin las autorizaciones federales necesarias, lo que resultó en daños significativos a la vegetación y al equilibrio ecológico de la región. La actividad minera afectó aproximadamente 3,200 metros cuadrados de terreno, eliminando especies nativas como pinos y táscate, fundamentales para la conservación del suelo y el hábitat de la fauna local. Profepa ha asegurado la maquinaria utilizada y ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales de los involucrados. La minería ilegal representa un riesgo considerable no solo para el medio ambiente, sino también para la salud pública y la estabilidad social en México, donde la extracción de minerales es una actividad económica importante pero controvertida. Las autorizaciones de impacto ambiental son esenciales para garantizar que los proyectos mineros se desarrollen de manera sostenible y minimicen sus efectos negativos.