El gobierno argentino de La Libertad Avanza se prepara para pagar $72.384.624.000 a más de un millón de beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, tras una orden judicial que exige mantener este esquema de asistencia social. Emitida el 21 de abril de 2026 por el juez federal Adrián González Charvay, la resolución obliga al Ministerio de Capital Humano a continuar con las transferencias económicas hasta que se resuelva el litigio sobre la continuidad del programa. Este pago incluye a 1.012.357 titulares del programa y 260.911 transferidos al Programa de Acompañamiento Social. Sin embargo, la medida judicial impide, por el momento, la aplicación de políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables. La administración de Javier Milei ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial, pero se compromete a acatarla mientras busca revertirla. La situación resalta un conflicto más amplio sobre el modelo de política social en Argentina, que enfrenta la disyuntiva entre asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.