El 19 de mayo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que obliga a los bancos y reguladores financieros a examinar más rigurosamente el estatus migratorio de sus clientes. La medida, que se formalizó el 20 de mayo de 2026, tiene como objetivo prevenir riesgos crediticios, argumentando que los clientes indocumentados podrían ser deportados y no cumplir con sus deudas. Aunque inicialmente se esperaba una normativa más estricta, el decreto final permite a los reguladores buscar patrones en lugar de imponer una carga operativa total a las instituciones financieras. Históricamente, los bancos no han registrado el estatus migratorio de sus clientes, lo que dificulta la evaluación del riesgo financiero que representan. La disposición afecta especialmente a aquellos que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que es común entre trabajadores indocumentados. Según el Urban Institute, solo hay entre 5,000 y 6,000 hipotecas vigentes con ITIN debido a la renuencia de los bancos a asegurar estos préstamos. Esta orden se suma a cambios fiscales previos que restringen el acceso a créditos fiscales para inmigrantes, afectando a beneficiarios de programas como DACA y TPS.