El 21 de mayo de 2024 finalizó el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea adaptaran su legislación a la nueva Directiva Penal Ambiental, que busca fortalecer la persecución de delitos ecológicos. Sin embargo, España aún no ha realizado esta adaptación, lo que ha suscitado críticas de entidades como WWF. La nueva directiva actualiza el marco legal anterior y exige un enfoque más riguroso en la persecución de delitos como la contaminación grave y el tráfico ilegal de residuos. Según WWF, este incumplimiento es grave, ya que refleja una falta de compromiso con la protección del medio ambiente. A pesar de contar con herramientas para combatir delitos ambientales, como el trabajo del Seprona de la Guardia Civil, la impunidad persiste debido a la falta de juzgados especializados y a la dispersión de competencias. De los 4.902 casos de crímenes contra fauna protegida en España, solo 327 resultaron en sentencia judicial. La nueva directiva también obliga a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales y a dotar de más recursos a las autoridades encargadas de combatir estos delitos, lo que España aún no ha logrado.