La Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal establece que las comunidades de propietarios tienen la autoridad para prohibir el uso de una vivienda si las actividades del propietario son insostenibles, un proceso conocido como 'desahucio temporal'. Según el artículo 7.2 de la ley, los propietarios no pueden realizar actividades prohibidas que sean consideradas dañinas o molestas para la comunidad. El procedimiento comienza con una queja formal al presidente de la comunidad, quien debe exigir el cese de la actividad. Si el propietario ignora la advertencia, los vecinos pueden presentar una 'acción de cesación' ante la justicia. Esta acción puede resultar en la privación del derecho al uso de la vivienda por un máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, si el causante de la infracción es un inquilino, la justicia puede extinguir sus derechos y ordenar su desalojo inmediato. La ley protege así la convivencia y el bienestar de la comunidad.