Uber Eats ha reconocido oficialmente una deuda de aproximadamente 110 millones de euros con la Seguridad Social en España, derivada de cotizaciones impagadas correspondientes a 60,000 repartidores que fueron contratados como falsos autónomos. Esta situación se produce tras la investigación iniciada por la Inspección de Trabajo en julio del año pasado, que buscaba asegurar que la plataforma cumplía con la 'Ley Rider', que entró en vigor en agosto de 2021. Esta ley establece que las plataformas de entrega deben contratar a sus repartidores como empleados, reconociendo su condición laboral. La Inspección concluyó su investigación en marzo de este año, reclamando la cantidad mencionada por las cotizaciones no pagadas. La regularización de estos trabajadores se ha visto impulsada por el endurecimiento de las responsabilidades legales y la advertencia del Ministerio de Trabajo sobre posibles acciones penales si la empresa continuaba incumpliendo la ley. La 'Ley Rider' es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y sindicatos, y se alinea con una sentencia del Tribunal Supremo de España que determinó que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena.