La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que regula el estado de excepción, permitiendo al presidente Rodrigo Paz declararlo para frenar las protestas sociales que han durado 37 días y que exigen su renuncia. Esta decisión se tomó después de que las fuerzas del orden no lograran despejar una carretera clave en el oriente del país, enfrentándose a manifestantes que han dejado a La Paz con escasez de alimentos y combustibles. La nueva norma autoriza al presidente a declarar el estado de excepción con el apoyo militar, buscando preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado en situaciones de conmoción interna. Esta ley permite suspender derechos relacionados con la seguridad y la libre circulación, y otorga presunción de legalidad a las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas. A pesar de los esfuerzos del gobierno por dialogar y abrir corredores humanitarios, los manifestantes, apoyados por sindicatos aliados del expresidente Evo Morales, continúan exigiendo la dimisión de Paz.