El miércoles, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, se llevó a cabo un simulacro de evacuación por incendio, que se tornó simbólico en medio de una crisis política. La Unidad Central Operativa (UCO) registró la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Ferraz, en el marco de una investigación sobre financiamiento ilegal. Esta acción generó un clima de tensión, especialmente entre los miembros del Partido Popular (PP), que aprovecharon la ocasión para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cuestionó la situación del PSOE, planteando interrogantes sobre la corrupción y la transparencia. La gerente del PSOE, Ana Fuentes, fue imputada por falsedad en documentos mercantiles, lo que añade más presión al partido. A pesar de las acusaciones, Pedro Sánchez defendió su postura de cooperación con la justicia y reafirmó su apoyo a su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. La situación actual podría tener repercusiones significativas para el Gobierno, ya que las investigaciones podrían revelar más sobre los negocios personales de Zapatero, lo que podría resultar en un escándalo mayor.