El Gobierno de España ha decidido implementar un mayor control sobre las bajas laborales, enfocándose en aquellos trabajadores que han tenido dos o más ausencias en un mismo año, especialmente en el caso de bajas cortas que van de uno a cuatro días. Este cambio se produce en respuesta a un alarmante incremento del 80% en el gasto por incapacidades temporales, lo que ha llevado a organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a advertir sobre la necesidad de ajustes en el sistema. Aunque no se introducen sanciones automáticas, se revisarán más detenidamente los casos de bajas recurrentes, con un enfoque en la relación entre la dolencia alegada y las tareas laborales. Además, se ha observado un aumento en las bajas relacionadas con problemas de salud mental, lo que complica la gestión de estas ausencias. En este contexto, el Gobierno busca equilibrar el derecho del trabajador a recuperarse con la necesidad de mantener la sostenibilidad del sistema.