El exdirector de Carreteras señala a ministros en caso de sobreprecios en obras públicas
El exdirector de Carreteras responsabiliza a "los ministros" de los sobreprecios de varias obras sospechosas de amaños
El Español
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Javier Herrero, exdirector de la Dirección General de Carreteras en España, se desvincula de los sobreprecios en contratos de obras públicas, indicando que la responsabilidad recae en los ministros del Ministerio de Transportes. Su abogado argumenta que solo dos contratos fueron modificados bajo su dirección, con sobreprecios mucho menores que otros casos investigados.
- 01Herrero afirma que solo dos de los contratos investigados fueron modificados durante su gestión, con sobreprecios del 4,80% y 9,35%.
- 02El abogado de Herrero, Jesús Mandri, destaca que la responsabilidad de los contratos recae en el Ministerio de Transportes, no en la Dirección General de Carreteras.
- 03El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre adjudicaciones sospechosas fue enviado a la Audiencia Nacional.
- 04La modificación de precios de obras requiere la aprobación de un director facultativo y no es competencia de la Dirección General de Carreteras.
- 05La DGC solo aporta su aprobación técnica tras el informe positivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada.
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Javier Herrero, exjefe de la Dirección General de Carreteras (DGC) en España, ha negado cualquier responsabilidad en los sobreprecios de contratos de obras públicas que están bajo investigación judicial por presuntos amaños. En un escrito presentado por su abogado, Jesús Mandri, se argumenta que solo dos contratos fueron modificados durante la gestión de Herrero, con sobreprecios que alcanzaron 4,80% y 9,35%, cifras que están lejos del umbral del 20% que desencadenaría un dictamen del Consejo del Estado. Mandri enfatiza que la responsabilidad recae en el Ministerio de Transportes, que es el órgano de contratación que aprueba los pliegos y adjudicaciones. Además, se menciona que la DGC no tiene competencia en la valoración de ofertas ni en la adjudicación de contratos. La intervención de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada es crucial para la aprobación de modificaciones en los contratos. Este caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre la legalidad de diversas adjudicaciones en el sector público español.
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La investigación podría afectar la confianza pública en la gestión de obras públicas y la transparencia en el gasto gubernamental.
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