Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, ha presentado una propuesta de reforma a la Constitución local con el objetivo de controlar el aumento de las rentas, limitándolo al índice de inflación. Esta iniciativa busca crear un organismo público que defienda los derechos de inquilinos y arrendatarios, así como incorporar el derecho al arraigo vecinal en la Constitución. Brugada ha destacado que esta medida posicionará a Ciudad de México como la primera ciudad en el mundo en establecer un límite constitucional a los precios de los alquileres y en combatir la gentrificación, que ha desplazado a poblaciones vulnerables a la periferia. La propuesta, que también incluye la regularización de contratos de renta, deberá ser revisada por el Congreso en un periodo extraordinario o en septiembre, como parte de la Ley de Rentas Justas y Asequibles. A pesar de los esfuerzos del Gobierno capitalino, la regularización de la vivienda aún no se ha concretado un año después de las protestas contra la gentrificación, y la ciudad enfrenta un aumento especulativo en los precios de alojamiento, especialmente con el Mundial de Fútbol 2026 a la vista.