Un hombre obligado a pagar pensión y costas tras divorcio en Galicia
La justicia gallega obliga a un hombre a pagar las costas “por temeridad” tras recurrir el divorcio
La Razón
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La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado que un hombre debe pagar una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales a su exesposa tras más de 40 años de matrimonio. Además, se le han impuesto las costas procesales por presentar un recurso sin fundamento, ya que se demostró que su exmujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y salud precaria.
- 01La pensión compensatoria se fijó en 1.200 euros mensuales de forma indefinida.
- 02El tribunal consideró que el exmarido actuó con 'temeridad' al recurrir la decisión anterior.
- 03La exesposa, de 58 años, había dedicado gran parte de su vida al cuidado del hogar y los hijos.
- 04Se destacó la 'evidente ocultación de datos económicos' por parte del exmarido durante el proceso.
- 05La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
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La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la obligación de un hombre de pagar una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales a su exesposa tras un matrimonio de más de 40 años. El tribunal desestimó el recurso del hombre, quien alegaba que existía un acuerdo previo homologado en Suiza que limitaba su responsabilidad económica. Sin embargo, el tribunal determinó que dicho acuerdo solo regulaba de manera provisional las cargas familiares y que no impedía el reconocimiento de la pensión compensatoria en España. La situación de vulnerabilidad de la exesposa, quien se encontraba enferma y sin ingresos, fue un factor clave en la decisión. Además, el tribunal criticó la conducta del exmarido, quien dejó a su esposa en una situación económica extrema, impidiéndole incluso acceder a atención médica. La Audiencia no solo confirmó la pensión, sino que también condenó al exmarido a pagar las costas procesales del recurso, considerándolo un acto de temeridad. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
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Esta decisión judicial resalta la importancia de la protección económica de los cónyuges en situaciones de divorcio, especialmente en casos de vulnerabilidad.
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