Desde la llegada de la democracia en España en 1979, el Ayuntamiento de Castrillón ha considerado la educación pública como un servicio esencial. Sin embargo, la historia revela que los gobiernos municipales han enfrentado un constante saqueo de recursos por parte del Estado, lo que ha limitado su capacidad para gestionar adecuadamente las escuelas. La Constitución de 1812, aunque asignó responsabilidades educativas a los municipios, no proporcionó los recursos necesarios, dejando a los ayuntamientos en una situación precaria. En el siglo XIX, los alcaldes de Castrillón, como José González y Manuel Álvarez de la Campa, se vieron obligados a exaccionar a la población para cubrir los costos del culto y del clero, desviando fondos que podrían haber sido utilizados para la educación. Esta falta de recursos ha llevado a que el desarrollo educativo en la región se retrase significativamente, impidiendo que el Ayuntamiento se convierta en una institución efectiva al servicio del pueblo. A pesar de los desafíos históricos, el compromiso actual del Ayuntamiento busca garantizar una plaza escolar para cada niño del concejo, aunque este esfuerzo llega demasiado tarde para corregir décadas de desatención.