La reciente modificación al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú ha generado un intenso debate sobre su impacto fiscal. La Ley N.° 32561, aprobada por insistencia del Congreso, podría resultar en un costo fiscal neto de aproximadamente S/46.000 millones. Este costo incluye un aumento en el gasto estatal de S/38.900 millones y un aporte adicional del Estado de S/14.400 millones. La ley eleva las pensiones de retiro hasta el 100% de la remuneración activa para quienes cumplan 30 años de servicio, además de aumentar los beneficios para viudez y orfandad. Sin embargo, el Consejo Fiscal advierte que para mantener la sostenibilidad financiera, la tasa total de aporte debería elevarse al 42% de la remuneración, lo que implicaría que el Tesoro Público financiaría alrededor del 64% de las pensiones. Además, se critica la desigualdad en el sistema, ya que aunque el régimen militar y policial representa solo el 9% de los pensionistas, concentra cerca del 50% de los subsidios estatales. La falta de un estudio actuarial integral y posibles indicios de inconstitucionalidad también han sido señalados por el Consejo Fiscal.