Más de 4.000 opositores que aprobaron las pruebas para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado en 2025 están sin destino asignado, recibiendo un salario mensual de 1.060 euros mientras permanecen en casa. Esta situación, que comenzó en mayo de 2024, ha generado un profundo malestar entre los afectados, quienes no pueden firmar contratos de alquiler ni solicitar hipotecas debido a la incertidumbre sobre su futuro laboral. Muchos de ellos renunciaron a empleos anteriores confiando en un proceso de adjudicación que históricamente era más rápido. La secretaria de Negociación del sindicato CSIF, Milagros Dorronzoro, ha solicitado que se establezca un límite de un año para la finalización de los procesos selectivos y la adjudicación de destinos. Aunque el Gobierno, representado por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, afirma que los plazos se están acortando, los opositores viven una realidad diferente, enfrentando un limbo administrativo que agrava su situación económica y personal. En algunos casos, los aspirantes a escalas inferiores ni siquiera reciben salario hasta que se les asigna un destino.