En Córdoba, Argentina, el juez federal Hugo Vaca Narvaja ha ordenado al PAMI (Programa de Atención Médica Integral) y al Ministerio de Salud que normalicen urgentemente los pagos relacionados con la discapacidad. Esta decisión, que debe cumplirse en un plazo de 72 horas, surge tras un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación de diversas instituciones y colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad. La resolución judicial tiene una vigencia de seis meses y busca garantizar la continuidad de servicios esenciales, que están en riesgo debido a las demoras crónicas en los pagos. El juez enfatiza que la falta de cobertura y la interrupción de tratamientos generan un “riesgo inminente” para los beneficiarios, quienes dependen de estos servicios para su desarrollo y bienestar. Además, se destaca una deuda acumulada de $41 millones que el cottolengo Don Orione enfrenta por aportes impagos, lo que agrava la situación. Las organizaciones han exigido el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada pero cuya ejecución ha sido suspendida por el Poder Ejecutivo hasta que se determinen las fuentes de financiamiento.