La Comisión Europea ha intervenido inesperadamente en la precampaña de las elecciones andaluzas al pronunciarse sobre el caso de los ERE, un escándalo de corrupción que ha afectado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Andalucía. Este posicionamiento ha complicado la estrategia del Partido Popular (PP), que había impulsado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revivir el caso tras la anulación de sentencias por parte del Tribunal Constitucional español. El Tribunal Constitucional había favorecido a varios exdirigentes socialistas, argumentando que sus acciones estaban relacionadas con decisiones políticas y no administrativas, lo que les exoneró de culpabilidad en la gestión de ayudas públicas. La intervención de Bruselas podría revitalizar la campaña de la candidata socialista María Jesús Montero, quien comparte un pasado gubernamental con los exdirigentes condenados. El caso de los ERE ha tenido un impacto duradero en la política andaluza, afectando la popularidad del PSOE en elecciones recientes. La Comisión Europea considera que el TJUE no es competente para resolver la cuestión planteada, lo que ha sido celebrado por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional.