La Corte Constitucional de Colombia ha anulado la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro, considerándola inconstitucional. Esta decisión afecta el decreto número 1474 de 2025, que implementó medidas tributarias como el aumento del IVA a licores y la tarifa de renta para el sector financiero. Como resultado, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) deberá devolver aproximadamente 600.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares) a los contribuyentes. La sentencia tiene efectos retroactivos, lo que significa que los impuestos ya pagados deberán ser reintegrados, aunque la devolución de impuestos indirectos, como el IVA, presenta desafíos operativos para la DIAN, ya que debe identificar a los compradores que pagaron dichos impuestos. Además, la Corte ha decidido mantener los beneficios tributarios para aquellos contribuyentes que cumplieron con las condiciones exigidas antes de la anulación de la emergencia. Esta decisión representa un revés significativo para el gobierno, que justificó la emergencia por un déficit presupuestario de 16,3 billones de pesos en 2026. La Corte también está considerando el futuro de una segunda emergencia económica relacionada con inundaciones en la costa Caribe.