El Gobierno de Argentina ha dado un paso significativo al autorizar a nueve provincias a gestionar concesiones de obras públicas en rutas nacionales, excluyendo a Buenos Aires. Esta decisión, formalizada a través del decreto 253/2026 publicado el 17 de abril, permite a provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz intervenir en la administración y mantenimiento de tramos de rutas bajo un régimen de concesión por peaje. Las provincias podrán aprobar pliegos, convocar licitaciones y seleccionar concesionarios, siempre bajo criterios de publicidad y transparencia. Los ingresos obtenidos deberán destinarse a obras en los mismos tramos, y el Estado nacional podrá retomar la gestión si se incumplen los plazos. Esta medida busca descentralizar la gestión operativa y agilizar la ejecución de obras viales en un contexto de restricción del gasto público. Además, se abre la posibilidad para que otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires soliciten el mismo régimen, evaluado por el Ministerio del Interior. El plan nacional de concesiones contempla la concesión de al menos 9,000 kilómetros de rutas nacionales durante 2026, con financiamiento privado y sin aportes del Tesoro, en un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial del país.