Venezuela ha iniciado un proceso de reestructuración de su deuda que supera los 150.000 millones de dólares, buscando un alivio financiero significativo y un regreso a los mercados internacionales. Este esfuerzo incluye tanto las obligaciones soberanas de la República como las de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La reestructuración es considerada una de las más grandes de la historia reciente del país, que ha estado en default desde 2017. El gobierno ha contratado a la firma de asesoría financiera Centerview Partners y al bufete de abogados Hogan Lovells para liderar las negociaciones, lo que refleja un cambio en las relaciones diplomáticas y económicas de Venezuela, especialmente tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Aunque los mercados han respondido positivamente, algunos analistas advierten sobre la falta de un marco claro de sostenibilidad de la deuda y la necesidad de una evaluación formal por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de las dudas, las autoridades venezolanas, como Luis Pérez, presidente interino del Banco Central, han expresado optimismo sobre la reintegración del país al sistema financiero global.