El Tribunal de Apelaciones del 11o Circuito, con sede en Atlanta y que abarca Florida, Georgia y Alabama, ha decidido en contra de la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitía la detención sin posibilidad de fianza de inmigrantes indocumentados. Esta política, adoptada por la administración del expresidente Donald Trump, había ampliado la interpretación de la ley migratoria de 1996, permitiendo la detención de cualquier persona que hubiera ingresado al país sin autorización, incluso si llevaba años viviendo en Estados Unidos sin antecedentes penales. La decisión se produjo tras un panel dividido de tres jueces, donde la mayoría argumentó que el gobierno federal había excedido el alcance de la ley. Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales en contra de la interpretación de la administración Trump, y podría llevar la disputa al Tribunal Supremo. La jueza Barbara Lagoa, designada por Trump, presentó una opinión disidente, sugiriendo que el tamaño de la población afectada refleja una falta de aplicación de la ley en lugar de un exceso en su interpretación actual. La decisión del 11o Circuito podría tener un impacto significativo en la vida de miles de inmigrantes en Estados Unidos.