Funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico reciben fichas rojas de INTERPOL
Rocha Moya, Inzunza y seis más: acusados por EEUU y ahora con ficha roja de INTERPOL
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El 21 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios tienen fichas rojas de INTERPOL tras ser acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. de vínculos con el narcotráfico. Las acusaciones incluyen corrupción y apoyo al Cártel de Sinaloa.
- 01Las fichas rojas permiten que otros países detengan a los acusados si abandonan México.
- 02Dos de los diez acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses antes del anuncio de Sheinbaum.
- 03La Fiscalía General de la República de México ha abierto una investigación paralela sobre los acusados.
- 04Los funcionarios están acusados de recibir sobornos millonarios para facilitar el tráfico de drogas.
- 05Las acusaciones incluyen la liberación de miembros del cártel y la eliminación de rivales políticos.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios tienen fichas rojas de INTERPOL tras ser acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. de vínculos con el narcotráfico. Las acusaciones incluyen delitos graves como corrupción, asociación delictuosa para el tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Sheinbaum explicó que estas fichas permiten que otros países detengan a los acusados si intentan salir de México. De los diez acusados, dos se entregaron a las autoridades estadounidenses. Entre los implicados se encuentran Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena, y otros funcionarios de Sinaloa. Se les acusa de recibir sobornos millonarios a cambio de permitir el paso seguro de cargamentos de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetamina. Además, se les atribuye la entrega de información confidencial sobre operativos policiales y la liberación de miembros del cártel. Las autoridades estadounidenses también señalan que algunos de los acusados participaron en la eliminación de rivales políticos y en la coordinación de delitos graves como secuestros y homicidios.
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La situación podría generar un aumento en la vigilancia y control sobre funcionarios en Sinaloa, afectando la política local y la percepción de seguridad en la región.
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