La Comisión Europea ha advertido a España que podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no aprueba una reforma legal adecuada para abordar el abuso de contratos temporales en el sector público. Este aviso se produce tras años de procedimientos de infracción, comenzando en 2014, cuando la Comisión abrió dos expedientes por la insuficiente indemnización a empleados públicos temporales y la discriminación frente a trabajadores del sector privado. España tiene ahora dos meses para responder a los dictámenes motivados enviados por Bruselas, que exigen la eliminación de condiciones laborales discriminatorias y el uso abusivo de contratos temporales. Si el Gobierno español no actúa, se iniciará un proceso judicial que podría durar entre 18 meses y 3 años. Aunque el Gobierno ha implementado algunas medidas, como la reducción de la tasa de temporalidad del 39% al 32,7%, la Comisión considera que estas no son suficientes. Además, el Tribunal Supremo ha planteado dudas sobre la efectividad de las leyes españolas para sancionar adecuadamente este abuso.