Plus Ultra y la influencia en la causa penal: Revelaciones sobre el manejo de la denuncia de Manos Limpias
La cúpula de Plus Ultra presumió de poder controlar la causa penal abierta tras la denuncia de Manos Limpias
Eldiario
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La cúpula de Plus Ultra, tras recibir un préstamo de 53 millones de euros del Gobierno español, mostró preocupación por la causa penal abierta en su contra. Conversaciones intervenidas revelan intentos de influir en la investigación judicial, incluyendo vínculos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su círculo cercano, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de la ayuda recibida.
- 01El préstamo de 53 millones de euros fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez poco antes de que se abriera la causa penal.
- 02Rodolfo Reyes, expropietario de Plus Ultra, intentó influir en la juez Esperanza Collazos para detener la investigación.
- 03Las conversaciones interceptadas sugieren la creación de un 'Kitchen Gabinet' para manipular la situación judicial.
- 04La denuncia de Manos Limpias se presentó solo cuatro días después de la aprobación del préstamo gubernamental.
- 05La jueza concluyó que no había suficiente evidencia de intención fraudulenta por parte de Plus Ultra para justificar la acusación.
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En 2021, la cúpula de Plus Ultra, una aerolínea española, se mostró confiada en su capacidad para controlar la causa penal abierta en el juzgado 15 de Plaza de Castilla, tras la denuncia presentada por Manos Limpias. Este caso se centra en un préstamo de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado apenas días antes de que se iniciara la investigación. Documentos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revelan que Rodolfo Reyes, quien poseía el 40% de las acciones de Plus Ultra, dio instrucciones a otros directivos para intentar desviar la atención de la juez Esperanza Collazos. En las conversaciones interceptadas, se mencionó la necesidad de establecer un 'Kitchen Gabinet' debido a la amistad de la fiscal jefe con miembros de la compañía. La denuncia, que apunta a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, fue admitida por la juez el 25 de marzo de 2021. Sin embargo, tras una investigación de 19 meses, la juez concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar la intención de defraudar, lo que llevó al archivo del caso.
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La situación de Plus Ultra y su relación con el Gobierno podría afectar la percepción pública sobre la transparencia y la legalidad en la concesión de ayudas estatales.
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