Durante su 76 Congreso en Vancouver, la FIFA ha aprobado ingresos históricos de 2.661 millones de dólares para el año 2025 y un presupuesto récord de 14.000 millones para el ciclo 2027-2030. Sin embargo, la organización se enfrenta a una inminente demanda de 8.000 millones de dólares relacionada con su normativa de transferencias, que ha sido cuestionada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Diarra. Esta sentencia ha puesto en duda la legalidad de las normas de traspasos implementadas por la FIFA en 2002, lo que podría dar lugar a que los jugadores abandonen sus clubes unilateralmente sin repercusiones severas. La asociación Justicia para los Jugadores, que representa a mil jugadores en Francia y otros países europeos, está detrás de esta demanda, que podría afectar a unos 100.000 futbolistas a nivel global. La FIFA, mientras tanto, busca establecer un nuevo marco regulatorio que respete la libre circulación y la competencia leal, pero los clubes temen que esto les otorgue más poder a los jugadores para incumplir contratos.