Desde su llegada al poder en enero de 2019, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha intentado transformar la llamada 'administración paralela', un sistema que fue objeto de críticas por su supuesta ineficacia y clientelismo. A pesar de los compromisos iniciales para desmantelar esta estructura, el panorama actual revela que gran parte de la maquinaria pública heredada sigue activa, con miles de trabajadores no funcionarios aún en el sector público andaluz. Las auditorías realizadas por consultoras como Deloitte y PwC han identificado duplicidades y estructuras sobredimensionadas, pero el proceso de reforma ha sido más lento de lo prometido. En 2022, aún había 28,657 trabajadores en el sector público instrumental. En lugar de un desmantelamiento masivo, el Gobierno ha optado por fusionar y reorganizar agencias, creando nuevas entidades como Andalucía TRADE y la Agencia Digital de Andalucía, que buscan mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, la oposición, especialmente el PSOE y Vox, critican que el Gobierno no ha cumplido con sus promesas de eliminar la administración paralela, argumentando que muchas de estas estructuras son necesarias para la gestión pública. A medida que el Gobierno continúa con su plan de reforma, la situación laboral y jurídica de los trabajadores sigue siendo un desafío significativo.