La relación entre el gobierno federal de México y el estado de Chihuahua ha alcanzado un punto crítico, transformándose de un conflicto sobre seguridad y cooperación en la lucha contra el crimen organizado a una disputa política significativa. La gobernadora Maru Campos ha emergido como una figura central en esta dinámica, desafiando el proyecto político de Morena y su líder, Claudia Sheinbaum. La reciente caída de siete puntos en la aprobación presidencial, según una encuesta de Enkoll, refleja el desgaste del gobierno federal, lo que ha fortalecido la narrativa de autonomía estatal en Chihuahua. La seguridad pública se ha convertido en el eje de la contienda electoral hacia 2027, con figuras como el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, ganando visibilidad por su papel en la Estrategia Centinela. Este contexto ha permitido que la política de seguridad se convierta en un activo electoral, desafiando la percepción tradicional de que la inseguridad desgasta a los políticos. A medida que se acercan las elecciones, los temas de seguridad, la relación con Estados Unidos y la autonomía de los estados fronterizos se perfilan como determinantes en el futuro político del país.