La Corte Constitucional de Colombia ha decidido suspender el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para universidades privadas y fundaciones, que debía pagarse el 4 de mayo. Esta medida se produce en medio de una emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro debido a inundaciones que afectaron a ocho departamentos, dejando más de 140.000 damnificados. El impuesto, creado por decreto en febrero, busca recaudar fondos en un contexto fiscal complicado, con un déficit que supera el 6% del PIB. Aunque la primera cuota ya ha sido pagada, la decisión de la Corte permite a estas entidades respirar un poco, mientras se evalúa la constitucionalidad del impuesto. La tarifa general del impuesto es del 0,5% sobre el patrimonio, pero ciertos sectores, como bancos y empresas extractivas, enfrentan tasas más altas. La Corte ha comenzado a establecer límites sobre la capacidad del Estado para gravar patrimonios que no pueden liquidarse fácilmente, lo que podría tener repercusiones en el futuro de este tipo de impuestos. La situación se desarrolla en un clima político tenso, a medida que se acercan las elecciones del 31 de mayo.