La Comisión Europea ha desestimado la solicitud de la Audiencia Provincial de Sevilla para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Los técnicos comunitarios han afirmado que el TJUE es 'manifiestamente incompetente' para abordar la anulación de las sentencias impuestas por el Tribunal Constitucional español a expresidentes andaluces como José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Esta decisión se basa en la falta de un vínculo directo entre el caso y el presupuesto de la Unión Europea, lo que implica que no se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en este contexto. La Audiencia Provincial había elevado el caso al TJUE para aclarar cómo se alinean las sentencias del Constitucional con el derecho europeo, buscando evitar futuros riesgos de impunidad. Sin embargo, Bruselas ha indicado que ni siquiera la Audiencia ha demostrado la existencia de este vínculo. El caso ERE ha sido objeto de un largo proceso judicial, que culminó en 2019 con condenas por prevaricación y malversación, pero que en 2024 vio reducidas las penas por parte del Tribunal Constitucional, lo que llevó a la Audiencia a buscar la intervención del TJUE.