La reciente sentencia del Tribunal Supremo de España, que reconoce la condición de fija de una trabajadora tras años de contratos temporales, no soluciona el problema de la alta temporalidad en el sector público, que se sitúa en 26,8%, muy por encima del 8% recomendado. A pesar de un procedimiento extraordinario de estabilización iniciado en 2021, la reducción de la temporalidad fue mínima, de solo 4,4 puntos porcentuales. La sentencia también destaca que la legislación actual no cumple con las exigencias de la Directiva Europea sobre contratos temporales, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra España. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de una reforma legislativa que introduzca medidas efectivas y disuasorias contra el abuso en la contratación temporal. Sin tales reformas, las expectativas de cambio son limitadas, y la litigiosidad podría aumentar sin ofrecer la seguridad jurídica necesaria para los afectados. La sentencia del Supremo, aunque reconoce un caso específico, no aborda de manera suficiente los problemas estructurales que perpetúan la cultura de la temporalidad en el sector público.