Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) revela que en Níjar, un municipio de Almería, el 50% de las solicitudes de empadronamiento de migrantes son rechazadas, y un 10% adicional no recibe respuesta en el plazo legal. Esto afecta a aproximadamente 3,500 personas que viven en condiciones de infravivienda, dificultando su acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación. Las barreras para el empadronamiento incluyen la dificultad para demostrar el domicilio, la exigencia de autorización del propietario y la falta de visitas efectivas por parte de los funcionarios. La arbitrariedad en el proceso y la falta de documentación escrita sobre los rechazos también contribuyen a la exclusión. El Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado la necesidad de abordar el empadronamiento con buenas prácticas para garantizar que los migrantes no queden fuera del sistema. La situación actual convierte el empadronamiento en una barrera estructural que perpetúa la invisibilidad de los migrantes ante las autoridades públicas.