El 20 de mayo, en un evento simbólico en la Freedom Tower de Miami, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos penales contra Raúl Castro, exlíder cubano, por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un acto que dejó cuatro muertos. Este movimiento se interpreta como parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para desestabilizar el régimen cubano, buscando provocar su colapso o transformación forzada. La acusación se produce en un momento en que el gobierno de Trump ha intensificado las sanciones contra Cuba, endureciendo las restricciones económicas y políticas. Marco Rubio, secretario de Estado, ha sido un defensor clave de esta línea dura, considerando la causa cubana como esencial. Aunque la posibilidad de una intervención militar directa es considerada improbable por algunos analistas, la presión económica y judicial podría llevar a una transición negociada en el poder cubano. Sin embargo, la situación es compleja, ya que Cuba posee una estructura militar más cohesionada que Venezuela, lo que podría complicar cualquier intento de intervención. La estrategia de EE. UU. parece estar enfocada en debilitar el régimen desde adentro, con rumores de contactos discretos entre emisarios estadounidenses y figuras cercanas al poder cubano.